En el teatro Caupolicán de Santiago han llegado un mil de personas para rendir homenaje a Pinochet, pagando por la entrada de 6 a 24 euros. El evento ha tenido lugar, pese que en los días previos organizaciones civiles y políticas pedieron al gobierno de prohibir este homenaje. Esto ha generado un debate profundo en la sociedad chilena sobre los límites de la libertad de expresión. La AFDD interpuso sin éxito una demanda ante la justicia para que se prohibiera el acto. Los principales dirigentes de los partidos de oposición también solicitaron al Gobierno que lo suspendiera.
El gobierno ha contestado que Chile es un país democrático y que hay libre expresión. Juan Gonzáles, uno de los organizadores del evento ha afirmado que “Estamos felices porque estuvimos 20 años callados escuchándolos tergiversar la historia”. En la plaza se han reunido manifestantes para repudiar el acto y acordar las victimas de régimen del dictador, sin lograr a llegar en frente al teatro. De acuerdo con informes oficiales, bajo la dictadura de Pinochet hubo 3.225 muertos y desaparecidos, además de casi 40.000 víctimas de prisión y tortura. Un total de 76 agentes de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones a los derechos humanos en Chile. De ellos, 67 han sido encarcelados, según un estudio de la Universidad Diego Portales difundido este fin de semana.
La libertad de expresión es legítima, pero celebrar con un documental un dictador políticamente discutible, que ha causado muerte y violado los derechos humanos más veces, y afirmar que su operado fuera bueno por Chile, creo de verdad que es una vergüenza.
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